Kevin Whitaker, diplomático norteamericano que estuvo de segundo del Embajador Brownfield en la Embajada de EE.UU. En Venezuela, fue nombrado embajador en colombia y Tom Shannon, actual embajador de EE.UU. En Brasil, es trasladado con el mismo cargo a turquía. Se considera que en este cambio influyó la tensa situación que existe entre la presidenta Dilma Rousseff y el Presidente Obama por el espionaje que ejercen los estados unidos en ese país.

Para defender la democracia, el gobierno Griego inicio una serie de procedimientos legales y de acciones policiales en contra del movimiento neonazi “Amanecer Dorado”. Es lo que sucede en cualquier nación donde aparecen esos brotes muy activos de la ultraderecha. Igual ocurre en otros países europeos. Aquí en Venezuela la amenaza fascista tiene que ser enfrentada con igual decisión antes de que sea tarde. Siempre, claro está, en el marco del estado de derecho.

Con motivo del emplazamiento que no solo ha estado haciendo el gobierno sino la mayoría de los venezolanos a los medios de comunicación empeñados en una campaña abiertamente desestabilizadora, que genera angustia en la población y afecta el funcionamiento de las instituciones, la explicación que esos medios le dan al país consiste en decir que la verdad no es un delito. Claro está que decir la verdad y hacer uso de la institución de la denuncia en forma responsable, no lo es. En Venezuela nadie está interesado en cercenar la libertad de expresión. Todo lo contrario, el interés se orienta a fortalecerla. Pero la manipulación de la información, trabajar mediáticamente para distorsionar la imagen del país y enfatizar aspectos negativos, no es que sea delito –cuya la calificación en todo caso corresponde a la administración de justicia–, pero sí constituye una inaceptable perversión cuando se convierte en práctica cotidiana y coloca en grave riesgo a las instituciones.

Fue precisamente esa la política, que los medios de comunicación, convertidos en voceros de la subversión, la que condujo hace 40 años a la destrucción de la democracia chilena y a la entronización de una feroz dictadura que mantuvo el control del país durante 17 años. Y también fue lo que en Venezuela provocó el golpe contra la constitución el 11 de abril de 2002. Libertad de expresión plena, pero eso sí, responsable. De lo contrario estaremos cavando la tumba de la democracia venezolana.

Por contraste con lo anterior, ahora resulta que la denuncia, bien sustentada sobre cualquier hecho que afecte el funcionamiento democrático del país, alertar sobre peligros que realmente existen, la actividad de factores de la subversión que afectan a servicios básicos, al sistema financiero, al comercio, enseguida es catalogada de temeraria con un simplismo sorprendente, pero intencionado ya que lo que se busca es restarle importancia. Cuando se emplea el calificativo de pote de humo cualquier denuncia de intenciones contrarias al orden constitucional, se está banalizando la ocurrencia de hechos